La seguridad energética es imprescindible para el progreso argentino
El actual marco de las celebraciones del Bicentenario de nuestra Nación, que se extenderán por más de un lustro hasta el año 2016 inclusive, resulta particularmente propicio para el análisis de la grave inconsistencia existente entre la real situación energética argentina y los planes de desarrollo que se pretendan formular, cualquiera sean las preferencias ideológicas que los guíen, que no contemplen al sector con una racional mirada de largo plazo.
La brutal crisis de fines del año 2001, incubada desde el año 1999, que provocó una caída del PIB del -12% solo durante el año 2002, demostró que el consumo de energía es poco flexible a su disminución pues ese año decayó un -2,5%, una quinta parte de la disminución del PIB. Por el contrario, durante la posterior recuperación del PIB del +50% durante el periodo de los años 2003-2008, el consumo de energía creció el +25%, la mitad de la recuperación del PIB.
Aún cuando este ineficiente proceso de recuperación económica pueda ser parcialmente explicado por una política de precios regulados de la energía que propician su despilfarro, quedaría claro que esta característica relación marca la necesidad que cualquier programa estratégico de progreso nacional debe contener una política de estado fundada en el largo plazo para el sistema argentino de energía.
Paradójicamente, durante la primera década de un tercer milenio muy marcado por las innovaciones tecnológicas, practicamos una política solo coyuntural en materia de energía. Si bien el muy referido cambio de matriz energética no llevará los 40 años que fueron necesarios en los EE.UU., para migrar primero de la leña al carbón y luego de éste al petróleo, serán necesarias dos décadas en nuestro país para atenuar en un -10% la fuerte dependencia actual del sistema energético del 90% de las fuentes fósiles como petróleo, carbón y gas natural.
Este cambio de matriz, por válidas razones ecológicas y económicas de largo plazo, se debe efectuar hacia las energías llamadas “limpias”, renovables y menos contaminantes como la hidráulica, eólica, solar, geotermal y los biocombustibles, para que incrementen su participación global del actual 10% al 20% durante los próximos 20 años.
En un reciente seminario, organizado por la Fundación RAP (Red de Acción Política) y el CACME (Comité Argentino del Consejo Mundial de la Energía), destacados expertos coincidieron, técnica y económicamente en que el actual desafío de seguridad energética argentina consiste en pocos años, en lograr trocar la actual necesidad de 4.000 millones de dólares por año de subsidios públicos al sector, por la atracción de sostenidas inversiones públicas y privadas del orden de los 10.000 millones de dólares anuales.
(*) Diputado Provincial y Presidente de la Junta Promotora Recrear-Pro en Santiago del Estero.
Septiembre de 2010 – Primera Edición



