ECUADOR: ¿Qué hacer frente a la impunidad?
Por Gabriela Chiriboga Herrera (*)
Recientemente un informe presentado por el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU, Philip Alston, acerca de la realidad ecuatoriana en cuanto al papel que desempeña la función judicial, ha generado un sinnúmero de debates y opiniones al respecto de los datos, conclusiones y recomendaciones que presenta.
El documento de 15 páginas resume el producto de investigaciones, entrevistas y trabajo de campo en su visita al país, durante dos semanas. Entre las fuentes que han aportado a la elaboración de este informe, constan desde funcionarios públicos hasta familiares de víctimas cuyos homicidios se incluyen en una larga lista de asuntos sin resolver.
En palabras de Alston el panorama general que emergió de su misión es mixto. “El Gobierno del Presidente Rafael Correa ha emprendido reformas de largo alcance en términos de renovación constitucional, protección de derechos humanos, reforma de instituciones claves, expansión del gasto en el sector judicial, reforma a prisiones y una variedad de iniciativas sociales y económicas enfocadas a mejorar la situación de los más desventajados.
Al mismo tiempo, sin embargo, la inseguridad ciudadana va en incremento, la tasa de homicidios crece y la impunidad ha alcanzado niveles impresionantes.”1
Frente a esta inquietante cuestión, surge la preocupación de la ciudadanía en general. Hay una clara contradicción entre la labor que ha emprendido el actual gobierno en aras de mejorar el sistema de justicia del país, y su correlación con la aplicación en los casos particulares, obviamente es en estos últimos donde debería reflejarse que tan efectivos han sido los cambios hechos por el gobierno para que sus buenas intenciones no queden solamente en ello y devengan realidad.
No podemos por ello asegurar que el gobierno del Presidente Correa se ha desentendido al respecto, al contrario, hay que reconocer su interés por mejorar el sistema de administración de justicia; pero sí podemos señalar que es necesario que lo emanado de las más altas autoridades llegue a concretarse. Las leyes deben cumplir la función con que han sido creadas. ¿Qué garantía podría proveer un sistema judicial cuyo desempeño ha sido evaluado como ineficaz?
Independientemente del grado de severidad con que las leyes han de ser aplicadas, el fin con que ellas han sido establecidas no es perjudicar la vida de quien ha infringido alguna, pero tampoco dejar abierta la posibilidad de que las violaciones a la misma sean recurrentes, sin ofrecer garantía alguna a los derechos de los demás.
En este sentido, no es de ignorar que ha sido el temor a sufrir algún tipo de agresión o el silencio y lentitud de parte de las autoridades judiciales, el que se ha apoderado de gran parte de la población ecuatoriana, haciendo que los procesos legales se estanquen, generando falta de voluntad para la investigación y sanción de casos de muertes sospechosas y dando pie a que esta bola de nieve de violaciones de la ley, homicidios, silencio y corrupción siga creciendo.
Para que los miembros de una sociedad no vayan en contra de las leyes han de estar convencidos de que el cumplirlas les ayudará a bien y consecuentemente han de optar por actuar en conformidad a las mismas. Si bien son dictadas como máximas, nos encontramos aquí con el papel central que juegan los principios que rigen a cada individuo; hemos de ser consientes de la importancia de la decisión de cada persona, aunque frente a un mandato universal pueda parecer minúsculo, la suma de buenos pensamientos, deseos y acciones individuales ofrece una salida al círculo vicioso, como bien señala el Profesor Alston, de la impunidad.
Cada ciudadano debe ser consiente de la importancia que representa ser un miembro activo del quehacer político nacional y no meramente un habitante más. Nos corresponde entonces, exigir el cumplimiento eficaz y responsable de quienes son parte del cuerpo administrativo judicial, siempre que también nuestro proceder denote el interés por un cambio y apego a la ley.
Considero que el bien común de una nación, ha de ser buscado por todos quienes son parte de ella, gobernantes y gobernados, no es responsabilidad de una sola parte la exigencia del cumplimiento de las leyes mientras que se le permite a la otra la no sujeción a las mismas. Que las observaciones expuestas en este informe, lejos de generar un rechazo como el que reflejaron las declaraciones del fiscal general de la nación, Washington Pesántez 2; sean un llamado de atención a un cambio de actitud de cada ecuatoriano para tomar conciencia de que si anhelamos el bienestar para esta generación y las venideras hemos de empezar por pequeños pero decisivos cambios en nuestra manera de percibir la política, para dejar de ser indiferentes y juntos aportar para que nuestros buenos deseos se vean concretados.
(*) Corresponsal de Ecuador
Agosto de 2010 – Segunda Edición
1. Alston, Philip. Declaración de Prensa. Misión a Ecuador. 5-15 de julio de 2010. Quito
2. “Somos conscientes de las dificultades y somos autocríticos, por eso no aceptamos que se venga desde fuera a pretender darnos lecciones de qué es lo que tenemos que hacer” Discurso pronunciado por Washington Pesántez el 19 de julio de 2010. Citado en la nota “Fiscal no acepta informe de Alston” publicado en el Diario El Universo, el 20 de julio de 2010.
