Políticas públicas ambientales siempre en agenda
Por Mariana Garcia Torres
Transitamos dos años del hito ambiental en materia de procesos colectivo. 24 meses, desde aquél recordado 8/7/2008 donde el Alto Tribunal de la Nación puso fin a una contienda que presenta aristas de complejidad jurídica, social, técnica y esencialmente, política y en los autos “Mendoza Beatriz“ dictó sentencia definitiva ordenando a las autoridades de gobierno involucradas (Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires) la pronta remediación y saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo y la elaboración del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA).
En el mes de abril, escuchamos el veredicto de la Corte de La Haya sobre el juicio que nuestro país había iniciado contra la vecina República del Uruguay por la instalación de la papelera Botnia en el margen del río Uruguay, que si bien reconoció la violación del derecho de información por parte del estado demandado, ordeno un monitoreo conjunto entre ambos países sobre la pastera, mas no dispuso su relocalización. En estos días, el tema de los glaciares y la norma protectoria que la ciudadanía aun espera, vuelve a ser noticia, seguramente no por las causas que hubiéramos querido tras un largo esfuerzo del Congreso Nacional en consensuar una adecuada ley de protección de tan importante y vital recurso natural.
Hace pocos días, con una asistencia de más de 650 personas de distintos puntos del país, culminaron las V Jornadas de Capacitación Ambiental Metropolitanas, con un mensaje esperanzador para todas aquellas personas que bregan por un ambiente sano, del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo Lorenzetti, en su Conferencia de Clausura. Jamás, en los albores del año 2006 cuando gestamos este espacio de debate y diálogo y, especialmente, de capacitación intensa, los organizadores hubiéramos imaginado semejante encuentro plural e interdisciplinario.
Pero entiendo nada de ello es producto de la casualidad. Por el contrario. Vemos como en estos días la temática ambiental vuelve a instalarse en los medios de comunicación y, de la mano, en la agenda pública, con los debes y haberes sobre el Caso Riachuelo. Pero como estamos acostumbrados, una vez pasado el momento de auge mediático todo parece volver al status quo precedente. Y por ello, debemos lograr ese cambio de paradigma, que vislumbro comienza a transitarse muy paulatinamente.
Nuestra Constitución establece el derecho a un ambiente sano y equilibrado y justamente, bajo esta premisa es que resulta necesario lograr que estos temas sean abordados con una mirada integral y planificada, como una verdadera política de Estado para poder llevar respuestas reales y no falsas promesas al conjunto de la ciudadanía.
La carencia estructural y sistemática de muchos servicios básicos (como el acceso al agua potable o al sistema cloacal) en forma continua en el tiempo, la permanente violación a la legislación existente en el tema de bosques e, incluso, la escasa aplicación de la normativa vigente en lo concerniente a la protección de muchos de nuestros recursos naturales, son tal vez algunas demostraciones de que aún estamos lejos de comenzar a caminar hacia ese camino que nos permitirá un desarrollo sostenible y perdurable.
Sin embargo, la participación ciudadana a través de una red de numerosas organizaciones de la sociedad civil, de instituciones intermedias, de organizaciones sectoriales y de base, que trabajan en defensa de nuestro ambiente, y el involucramiento del sector académico, nos muestra una visión un poco más alentadora de que en un futuro quizá no muy lejano el panorama comience a cambiar.
Y en tal sentido, debe entenderse que el esfuerzo es de todos. Incluso, como ciudadanos ya no podemos mantenernos inmóviles, sino exigir a nuestras autoridades que nos garanticen el pleno acceso a una adecuada información ambiental. Los medios periodísticos tampoco pueden estar ausentes en estas cuestiones que son de carácter colectivo y, en gran medida, marcan los ejes de la agenda política ambiental. Su responsabilidad a la hora de informar, es relevante.
El desafío que se avizora tiende a quebrar esa inercia si intentamos sostener en forma continuada los temas ambientales en la agenda de gobierno y en los medios, procurando darles además el carácter de políticas de Estado que comprometan a todos. Y, en esa línea, las autoridades ambientales deben también fortalecer la agenda y planificar mirando las necesidades del colectivo.
El conflicto con las pasteras muestra desde el año 2005 que la sociedad civil ejerce un claro control social frente a la toma de las decisiones gubernamentales; la constitución de la Asamblea permanente son muestras claras de que se puede. También se ve bien marcado en el caso Mendoza, Beatriz, por la remediación de la Cuenca Matanza Riachuelo, con el cuerpo Colegiado y las distintas instituciones como Farn, Cels, AVLB, entre otras, que desde años vienen transitando en esa defensa, sin bajar los brazos. Breguemos para que las políticas públicas ambientales no sean solo un producto de ocasión y que se vean reflejadas en la agenda política de Argentina cotidiana. Quizá en el tema de minería faltaría encontrar aún fortalecer ese canal de discusión que permita unificar el discurso, pero siempre con conocimiento técnico.
Y en este sentido, desde los distintos sectores que ocupamos debemos instar a la construcción de un diálogo ciudadano con las autoridades públicas ambientales. Son ellas, en definitiva, las que ejecutan las políticas públicas. Pero son ellas también, las que deben escuchar todas las voces, en todos los casos.
(*) Vicepresidente y Directora en Representación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del Ente Regulador del Agua y Saneamiento (ERAS). Abogada, especialista en derecho administrativo, docente universitaria. Coordinadora del Departamento de Derecho de Derecho Ambiental de la Asociación Argentina de Derecho Ambiental. Directora de la Sociedad Ambiental, red social iberoamericana ambiental.
Julio de 2010
