Promoción de sistemas alimentarios como política pública de desarrollo local
La creación de sistemas integrales y eficaces de inocuidad y seguridad de alimentos requiere una amplia labor de fortalecimiento de la capacidad e inversión en instituciones e infraestructura.
El proceso no se limita a una actividad promocional o legislativa puntual, sino que implica una visión de entorno económico-cultural que podríamos enmarcar como “proceso de Desarrollo Local” en tanto requiere de un conjunto de acciones que exceden una visión sectorial. Se necesita sumar institucionalidad, promoción, buenas prácticas, soportes infraestructurales, etc. para transitar desde un modelo de provisión alimentaria insuficiente, a un modelo equilibrado y sostenido.
Los sistemas alimentarios, son parte de la estructura económica y a la vez referencia cultural y ambiental de una sociedad, a la vez de ser una de las usinas generadoras de trabajo perdurable dada las características incrementales de la demanda.
Su compleja organización se extiende desde los productores hasta los consumidores (es decir, “desde la explotación agrícola hasta la mesa”) y tienen un alcance local, nacional e internacional en una lectura simplificada; en un sentido más amplio constituyen formas primarias (pero nada primitivas) de diferenciación o inclusión social.
Se considera relevante el replanteo organizativo de una comunidad ante modificaciones ya sean espontáneas o inducidas de su matriz alimentaria. Diferentes grados de elaboración de los alimentos, así como su sofisticación y diferenciación, el origen y condición de sus insumos, la variedad, la mayor o menor incorporación de servicios, implican oportunidades o ausencia de ellas para la generación de empleo y desarrollo estratégico.
Es por ello que podemos considerar que la promoción de sistemas alimentarios constituye una relevante política pública para desarrollo local, a partir de sus implicancias relevantes sobre el entorno de los sectores productivos, y la relativa de ellos sobre el empleo y el valor de la producción.
En esa perspectiva, constituye asimismo preocupación local el aseguramiento de la oferta de alimentos inocuos y nutritivos, mediante estrategias que promuevan el agregado de valor y el empleo local. El desafío consiste en crear sistemas integrales y eficaces que garanticen la participación y el compromiso sustentable de los eslabones correspondientes a cada una de las etapas.
La racionalización requiere sustituir actividades que no agregan valor de uso al producto, poniendo énfasis estricto en la utilidad de consumo.
A pesar de los enormes avances científicos y tecnológicos y de la mejora general en los sistemas alimentarios, los determinantes de salud vinculados con una alimentación incorrecta persisten y son motivo de grave preocupación tanto para los organismos que ocupados la salud pública, como para los consumidores. En la mayoría de los casos se advierten un uso incompleto o incluso inadecuado de las potencialidades locales, modos irracionales de integración al mercado de alimentos, déficit logísticos e incluso problemas de calidad informativa que tienden a repetir errores de consumo transformados en limitantes a la producción local y al desarrollo.
Los productores locales y los canales de productos frescos tienen ventajas comparativas respecto a otras alternativas de comercialización moderna. Este no resulta ser un fenómeno meramente regional, ya que en distintas partes del mundo el concepto de mercados de tercera generación, surge como estrategias para fortalecer las condiciones de la oferta regional. Frente a un escenario de recesión y alza de costos, los operadores pyme tienen ventajas tales como la flexibilidad, la habilidad para reaccionar rápidamente ante los cambios, orientación al servicio, competencias para abaratar costos y confianza en el abastecimiento.
Si los productores y operadores locales responden eficientemente a las nuevas exigencias del consumo moderno, la innovación puede llevarlos a convertirse en actores cooperativos y competitivos dentro de la cadena.
Los alimentos (y muchas veces la distancia irracional entre su lugar de producción y su lugar de consumo) son vector de riesgos biológicos, químicos y físicos. La actitud de los consumidores está evolucionando (al menos en las sociedades desarrolladas), siendo cada vez mayor la inaceptabilidad social de los riesgos relacionados con los alimentos y los perjuicios derivados de traslados evitables. Además, los consumidores exigen de modo creciente acceso a productos que contribuyan a una alimentación sana y nutritiva y de impacto ambiental administrable.
En nuestro país (tomado como un todo y por tanto con un peso estadístico distorsionado de las grandes concentraciones urbanas) el sistema alimentario reúne muchos de estos atributos. Sin embargo, es posible introducir mejoras sustanciales para lograr la confianza de los consumidores. Entre ellas se incluyen el aumento de la capacidad de adaptación de los componentes de la cadena alimentaria, el fomento de la base científica de las decisiones y el apoyo en materia de organización para posibilitar una participación real de todas las partes en el debate institucional e incluso el fortalecimiento de subsistemas más adecuados a entornos locales cuyos niveles de ingreso económico es significativamente menor que el promedio de las áreas urbanas de Bs As, Rosario ó Córdoba.
La idea apunta a un esquema de política pública de desarrollo utilizando la alimentación y su sistema productivo, como un artilugio organizativo y promotor del valor agregado y el empleo.
(*) Presidente 5 al día – Argentina
Agosto de 2010 – Primera Edición



